OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS AL MIDES

El País destaca que el Tribunal de Cuentas auditó al Ministerio de Desarrollo Social y concluyó que dicha secretaría de Estado no controló que los beneficiarios del PANES tuvieran los requisitos exigidos y que hay irregularidades en las rendiciones de varias organizaciones civiles involucradas en sus programas.

El matutino precisa que algunas de estas organizaciones son el sindicato de la construcción (SUNCA), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Iglesia Católica de Minas, las intendencias de Tacuarembó y Rivera, y el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH).

Un documento del Tribunal de Cuentas, del 3 de marzo pasado, establece que “se adjuntaron comprobantes de gastos que no corresponden al objeto del convenio como alimentación, agasajos y restaurantes” en las rendiciones de cuentas del Club Náutico Bella Unión y de las intendencias de Tacuarembó y Rivera; además, se incluyeron “comprobantes no emitidos” en las rendiciones de algunas organizaciones, y que en otros casos los sueldos abonados “no coinciden con los estipulados en los convenios”.

El organismo de contralor también indica que “se entregaron partidas al SUNCA sin que el mismo haya presentado la rendición de cuentas de las partidas entregadas anteriormente”, y que en las rendiciones presentadas por esa organización “se presentaron facturas con fecha anterior a la vigencia del convenio”.

El Tribunal de Cuentas apunta que en los convenios suscriptos por el Programa Trabajo Protegido, “la organización debe presentar dentro de los diez días de finalizado cada mes una rendición de cuentas documentada de la utilización de los fondos recibidos del ministerio”. Sin embargo, “no se dio cumplimiento en ningún caso a la obligación de presentar” estas rendiciones.

Otra irregularidad que se denuncia es que en la documentación que respalda las rendiciones de las organizaciones civiles, se presentaron documentos “mediante fotocopia sin autentificar o que no cumplen con las formalidades legales”.

Con respecto al Plan de Equidad, que sustituyó al Plan de Emergencia, el Tribunal de Cuentas señala que el Ministerio de Desarrollo Social firmó dos convenios con CUTCSA por un total de $ 4.100.628, cuando de acuerdo a la ley 18.240 y a los convenios firmados, “los gastos de traslado eran de cargo de la organización de la sociedad civil”. Asimismo, se indica que “no se rindieron en forma separada la totalidad de las partidas otorgadas a las organizaciones de la sociedad civil”, y que estas rendiciones “se compensaron en más o menos con otros proyectos de la misma organización”.

En cuanto al Programa de Ingreso Ciudadano, el documento indica que el Ministerio de Desarrollo Social pagó a los beneficiarios un monto total de $ 3.888.075.518. En este plan, señala que “de las actuaciones realizadas no consta que fueran efectuados los controles de los requisitos exigidos en la normativa legal vigente para determinar los beneficiarios que percibirían el ingreso ciudadano”.

Otra de las críticas que formula el Tribunal de Cuentas al MIDES es que “no presentó manuales de funciones y procedimientos para la administración del PANES”, así como “tampoco cuenta con manuales de procedimientos para el Plan de Equidad”. (El País)